Dejamos tu expediente de acreditación listo para presentar.

Para especialidades formativas no conducentes a certificado de profesionalidad. La distinción es importante y conviene tenerla clara antes de contratar nada, porque son dos procedimientos con requisitos muy distintos.

La inscripción de especialidades formativas se realiza mediante declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de los artículos 23 y 24 de la Orden TMS/369/2019. Se centra en la solvencia de la entidad y, en teleformación, en que la plataforma cumpla lo previsto en el Anexo II de esa misma orden.

La acreditación para certificados de profesionalidad se rige por el artículo 21 y es sensiblemente más exigente: requisitos de espacios e instalaciones, exigencias sobre titulación y experiencia del profesorado y, en muchos supuestos, acreditación previa en presencial para ese mismo certificado.

Mantenemos el término comercial «acreditación SEPE» porque es como lo llama el sector, pero si lo que necesitas es lo segundo, te lo diremos y no te venderemos este pack como si lo resolviera.

Cada declaración responsable admite un máximo de tres especialidades formativas. En modalidad de teleformación debe presentarse una declaración responsable por cada especialidad que se pretenda impartir en esa modalidad.

El pack está dimensionado sobre esas tres especialidades porque es donde el proyecto tiene sentido económico: el trabajo de montar el campus, configurar los módulos, validar el servicio SOAP y construir el marco documental se hace una sola vez y sirve para las tres.

La declaración responsable no es una autorización previa que alguien tenga que concederte: es una manifestación de que cumples los requisitos, con la consecuencia de que la administración puede comprobarlo después. El artículo 24 de la Orden TMS/369/2019 regula precisamente esa comprobación posterior.

Eso cambia el enfoque del trabajo. Lo importante no es que el expediente quede bonito para presentarlo, sino que lo que declaras sea cierto y demostrable el día que vengan a comprobarlo. Nuestro trabajo técnico está orientado a lo segundo.

Aunque el registro sea estatal, la competencia es autonómica. El artículo 2 de la Orden TMS/369/2019 establece el reparto, y es una de las causas más frecuentes de solicitudes mal dirigidas.

Si tus especialidades en teleformación no precisan sesiones presenciales, la competencia corresponde al servicio público de empleo de la comunidad autónoma donde esté ubicado tu domicilio social —o el fiscal, en el caso del empresario individual—.

Si tu oferta sí requiere centros asociados para sesiones presenciales o para pruebas finales de evaluación presenciales, la competencia corresponde a la comunidad autónoma donde estén ubicados esos centros. El alta inicial de la entidad, en cambio, corresponde a la comunidad autónoma donde además radique el domicilio social.

La tramitación se hace por sede electrónica y necesitas DNI electrónico, certificado digital admitido por las administraciones públicas o Cl@ve permanente. Te orientamos sobre a quién dirigirte según tu caso, aunque la presentación material la realiza tu entidad.

El Anexo II de la Orden TMS/369/2019 concreta la infraestructura, el software, los servicios y el soporte que debe tener la plataforma. Por encima de él, el Real Decreto 694/2017 fija el marco: la plataforma debe posibilitar la interactividad entre alumnos, tutores y recursos situados en distintos lugares, y asegurar la gestión de contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado, el seguimiento continuo y en tiempo real, y la evaluación del proceso.

Hay dos exigencias que se pasan por alto con frecuencia. La primera, que la plataforma cumpla los requisitos de accesibilidad, seguridad y diseño universal. La segunda, y decisiva, que esté habilitada para generar registros de la interacción de cada usuario con el programa y de todas las actividades que realiza.

Esa capacidad de registro es la que sostiene todo lo demás, porque es la que permite demostrar después lo que ocurrió. Sin ella, el resto de requisitos son afirmaciones sin respaldo.

A ello se suma el servicio web de seguimiento del alumnado, que permite a la administración consultar los datos de forma automatizada mediante SOAP. También debe existir manual en línea y preguntas frecuentes para la resolución de problemas de acceso y navegación por parte del alumnado.

Tres documentos por cada especialidad, y son precisamente los que suelen dar problemas cuando se redactan con prisa la semana antes de presentar.

El proyecto formativo, que debe ajustarse a lo regulado en el Anexo VI de la Orden TMS/369/2019. Recoge objetivos, contenidos, metodología, sistema de evaluación y criterios de superación.

La guía del alumno y la guía del tutor, que deben cumplir los requisitos del Anexo III para cada especialidad solicitada. La del tutor es la que más se descuida y la que más se revisa: establece cómo se realiza el seguimiento, con qué frecuencia y cómo se documenta esa intervención.

El pack incluye estos tres documentos redactados y ajustados a los anexos correspondientes. No son plantillas rellenadas con el nombre de tu centro: se construyen sobre las especialidades concretas que vas a inscribir.

El Real Decreto 694/2017 establece que se considera modalidad de teleformación cuando la parte presencial es igual o inferior al 20% de la duración total de la acción formativa. Ese límite lo controla directamente el sistema electrónico en el momento de comunicar la acción formativa, así que no es una interpretación: o cuadra o el sistema no te deja.

Conviene no confundir teleformación con aula virtual. El aula virtual es un entorno donde tutor-formador y alumno interactúan mediante un sistema de comunicación telemático síncrono —sesiones en directo tipo videoconferencia— y, a efectos de la formación bonificada, se considera formación presencial, no teleformación.

Puedes usar el aula virtual como herramienta dentro de un proceso de aprendizaje en teleformación, pero las horas impartidas de ese modo computan como presenciales y cuentan para ese 20%.

Esta distinción provoca errores de comunicación de acciones formativas con consecuencias económicas reales, porque una acción mal clasificada puede acabar no siendo bonificable. Si tienes dudas sobre cómo encajar tu oferta, es una de las cosas que revisamos contigo.

El criterio de referencia es que el número máximo de participantes por tutor-formador no puede exceder de 80 alumnos tutorizados. El requisito se entiende cumplido cuando ese límite no se supera en un mismo periodo de tiempo, considerándose periodos distintos un turno de mañana y un turno de tarde.

Es un punto que el SEPE revisa en los seguimientos, y también uno de los que más discusión ha generado: existe jurisprudencia que ha contradicho el criterio administrativo sobre este ratio, de modo que conviene seguir la evolución en lugar de darlo por cerrado.

Nuestra recomendación práctica es dimensionar los grupos con margen y, sobre todo, que el sistema registre de forma inequívoca qué tutor está asignado a qué participantes y en qué periodo. Cuando eso está registrado, el debate es documental; cuando no lo está, es tu palabra.

Los módulos de informes de la plataforma generan justamente ese listado: participantes por tutor, por grupo y por periodo, exportable.

Sí. Para impartir en modalidad de teleformación, el tutor-formador debe acreditar formación o experiencia específica en esa metodología, con una referencia habitual de al menos 30 horas de formación en teleformación. La disposición adicional quinta de la Orden TMS/369/2019 aborda la acreditación de la formación de tutores-formadores.

En los seguimientos se comprueba, y no basta con que el tutor sea un buen profesional de su materia: hay que poder acreditar documentalmente esa formación o experiencia en la metodología de teleformación.

También se revisa la coincidencia entre las horas de disponibilidad declaradas del tutor y las de la acción formativa, y que la tutorización realizada quede efectivamente registrada en la plataforma. Una tutorización realizada por videollamada que no deja rastro en el sistema es difícil de acreditar después.

Nosotros no impartimos la formación de tutores, pero te decimos qué te van a pedir y montamos la plataforma para que la actividad tutorial quede registrada y sea exportable.

Depende del alcance y, sobre todo, de la rapidez con la que nos facilites la información de tu centro: datos registrales, temario o contenidos de las especialidades a inscribir e identidad corporativa para la plataforma y la documentación.

El proyecto se ejecuta por hitos cerrados —montaje del campus, configuración de los cuatro módulos, conexión y validación del servicio SOAP, redacción del expediente documental— y al arrancar te damos una fecha estimada para cada uno. Si algo se retrasa, lo sabes antes de que ocurra.

Al terminar tienes la plataforma montada y configurada, el servicio de seguimiento validado contra el kit de autoevaluación del SEPE y los documentos del expediente redactados conforme a los anexos correspondientes.

Lo que no controlamos, y por tanto no prometemos, es el tiempo de resolución de la administración ni las incidencias que puedan surgir en la tramitación. Nuestro compromiso llega hasta dejarte el expediente completo y técnicamente correcto.

No, y lo separamos deliberadamente para que veas el coste real de cada cosa. El alojamiento es un servicio recurrente de 100 € + IVA al mes que cubre servidor, dominio, certificado de seguridad, copias de seguridad periódicas y actualizaciones de la plataforma.

Puedes alojar con nosotros o llevarte el campus a tu propio proveedor. Si eliges lo segundo, te entregamos la plataforma completa y funcional, pero el mantenimiento técnico, las copias y las actualizaciones pasan a ser responsabilidad tuya o de quien contrates.

Recomendación honesta: si en tu centro no hay alguien con conocimientos de administración de sistemas, aloja con nosotros. Una plataforma que se cae en mitad de una acción formativa, o que pierde registros de seguimiento por una copia mal configurada, es un problema serio de cara a un requerimiento, no una molestia técnica.

Hay un matiz que conviene conocer si estás pensando en alquilar plataforma a un tercero: alquilar una plataforma a un centro que a su vez la tiene alquilada plantea dudas de subcontratación en el ámbito de la formación bonificada. Si esa es tu situación, conviene analizarla antes.

La Tarifa Despegue son 5.100 € + IVA e incluye la plataforma Moodle completa, los cuatro módulos propios de seguimiento y auditoría, la gestión de la inscripción para tres especialidades formativas, dos cursos SCORM producidos a partir de tu material y el curso FCO02 de Básico en Prevención de Riesgos Laborales, ya desarrollado, sin coste.

La Tarifa Órbita son 6.200 € + IVA y amplía el alcance de los contenidos, pensada para centros que arrancan con una oferta formativa más ambiciosa desde el primer día.

A cualquiera de las dos hay que sumar el alojamiento, 100 € + IVA al mes, si alojas con nosotros. Ese es el único coste recurrente: la plataforma y la gestión de la inscripción son pago único, no una suscripción.

Contratado por separado, el conjunto de servicios de la Despegue supera los 7.700 € + IVA. La diferencia es el ahorro real, y está desglosado partida por partida en la página de tarifas para que lo compruebes en lugar de fiarte del porcentaje anunciado.

Tú aportas el temario —apuntes, manuales, presentaciones, el material con el que ya trabajas— y nosotros lo convertimos en paquetes SCORM navegables, con estructura pedagógica, actividades de evaluación y registro de progreso funcionando.

El curso FCO02, Básico en Prevención de Riesgos Laborales de 30 horas, va incluido ya desarrollado. Es una especialidad de demanda constante y muy transversal, de modo que las tres especialidades del pack quedan cubiertas con contenido desde el primer día.

Ten presente que, en teleformación bonificada, la prueba final de evaluación no es opcional: es un elemento exigible y no puede posponerse a conveniencia. Los contenidos que producimos incluyen el sistema de evaluación diseñado para que eso quede resuelto y registrado.

Si no tienes material propio, hablamos. Podemos partir de un temario base y adaptarlo, pero eso cambia el alcance del trabajo y por tanto el presupuesto.

Una vez tu plataforma está inscrita, la presentación de nuevas declaraciones responsables para especialidades adicionales es un trámite que gestiona tu propio centro, sin intervención nuestra y sin coste por nuestra parte. Recuerda que cada declaración admite un máximo de tres especialidades.

Ese es uno de los motivos por los que este servicio se paga una sola vez: no te quedas atado a un proveedor que te cobre cada vez que quieras crecer. La infraestructura es tuya.

Lo único que tiene coste es si además quieres los contenidos digitalizados de esas especialidades nuevas, que se presupuestan con los mismos tramos publicados en la página de tarifas: sin condiciones distintas por ser ya cliente.

Si en algún momento un cambio normativo obliga a modificaciones técnicas en la plataforma para mantener la inscripción, te avisamos y te decimos qué implica antes de que se convierta en un problema.

Te acompañamos durante todo el proceso. Revisamos contigo el expediente antes de presentarlo y te explicamos qué apartado responde a qué requisito y qué se comprueba en cada uno.

La presentación material la realiza tu centro, porque es tu entidad la que declara y la que responde ante la administración. Nosotros no podemos ni debemos presentar en tu nombre.

Si durante la tramitación o en una comprobación posterior surge un requerimiento técnico sobre la plataforma o sobre el servicio de seguimiento, lo atendemos nosotros. Es la parte que hemos construido y es nuestra responsabilidad que responda.

Lo que no hacemos es garantizar la resolución favorable, porque depende de la administración competente y de factores que no están en la plataforma. Lo que garantizamos es que la parte técnica llegue impecable y sea demostrable.